Laberintos y (e)lecciones de la Venezuela bolivariana. Cuando lo táctico deviene en ciertas coyunturas un momento estratégico

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Por Hernán Ouviña

Domingo siete de octubre. El reloj indica las tres de la mañana en punto y el “toque de diana” resuena en los parlantes diseminados por la Coordinadora Simón Bolívar en los sitios claves de la parroquia 23 de enero, uno de los barrios más emblemáticos y combativos de toda Caracas. La música militar, emblema de los momentos más neurálgicos del proceso bolivariano, se entremezcla en los parlantes con la voz del presidente y candidato Hugo Chávez Frías, que arenga insistentemente a la población: “¡los que quieran Patria, vengan conmigo!”. La escena se repite en casi todo el territorio nacional y tiene como objetivo despertar a las y los votantes bien temprano, para definir el resultado de las elecciones lo antes posible y poder dar paso a la celebración popular en las calles. Algunos jóvenes suben a las terrazas para lanzar cohetes al cielo y reafirmar este doble propósito: despabilar a la vecindad y anticipar la fiesta que parece ser ya un hecho.

“Vine a votar temprano por mi comandante y por la revolución”, nos dice, con una sonrisa dibujaba en el rostro, un vecino en la puerta de la escuela que oficia de centro de votación. Como él, miles de personas decidieron asistir a primera hora (o incluso antes) a las mesas electorales. “Antes de las doce del mediodía tenemos que haber metido seis millones de votos, para que a la derecha no le den más ganas de querer imponer otro presidente”, agrega el hombre exhibiendo su dedo meñique pintado de azul como símbolo de haber ya votado. Después de semanas enteras de intensa campaña y movilización en las calles, el 7-O por fin llegó. Y lo que se ha jugado en este día fue mucho más que una contienda electoral en torno a dos candidatos, aunque nadie negaría que, sin Chávez, resultara inexplicable esta disputa política. Como supo expresar uno de los tantos jóvenes militantes del Comando de Campaña Carabobo, aquí “se define la continuidad o no de un proceso de cambio que ya lleva 14 años, y al que bautizamos socialismo del siglo XXI”. Una verdadera batalla que condiciona la correlación de fuerzas no solo en Venezuela, sino en el conjunto del continente americano (incluyendo, por supuesto, al imperio yanqui, que intenta extender sus garras hacia nuevos territorios, o bien agudizar el sometimiento de los ya existentes).

La caracterización no resulta exagerada, ya que por primera vez la oposición unificada ha logrado superar cierto umbral de votos que le ha permitido en esta jornada, a diferencia de otras elecciones (y exceptuando el referéndum de 2007 para reformar la Constitución), disputar seriamente la contienda. Para ello, ha tenido que barnizar su propuesta neoliberal y retrógrada con un discurso “progresista”. Luego de fracasar en sus diversas tentativas golpistas (recordemos, entre otras, la intentona del 11 de abril de 2002 impulsada por la entidad patronal Fedecámara y los medios de comunicación hegemónicos, o el truncado boicot petrolero fogoneado meses más tarde por los escuálidos afincados en PDVSA), la derecha ha optado por aprender la lección: a Chávez hay que ganarle en las urnas y, si es preciso, también asumir como favorables a buena parte de las políticas públicas implementadas bajo su mandato.

De ahí que Henrique Capriles Radonski se haya visto obligado a reconocer durante su campaña que, en caso de ser electo, se comprometería a darle continuidad a las Misiones, que son uno de los principales puntales del proyecto bolivariano. Surgidas como estructuras paralelas a la Administración Pública tradicional, con el propósito de dinamizar políticas sociales que garanticen el mejoramiento de las condiciones de vida de la población más desfavorecida de Venezuela (no solamente en el plano socio-económico, sino sobre todo desde una perspectiva integral), hoy constituyen el basamento material (y también simbólico y cultural) que ha echado sólidas raíces para que la dignidad reviva en la tierra de Bolívar. Por nombrar solo algunas de las más de treinta: desde las Misiones Robinson y Sucre que erradicaron el analfabetismo e hicieron del país, después de Cuba, el primero de todo el continente en cantidad de estudiantes universitarios; pasando por la Misión Barrio Adentro, que ha construido miles de centros de salud a lo largo y ancho del territorio nacional, donde médicos cubanos y venezolanos, junto con la propia población, edifican espacios de salud integral comunitaria; hasta la Misión Vivienda, que está desplegando actualmente uno de los planes de vivienda más importantes de América Latina, con la participación activa en todo el proceso de construcción de quienes luego morarán en ellas. A esta altura, y agotados los variados ensayos de golpe, las clases dominantes tienen muy claro que los sectores populares han asumido como propias a este crisol de políticas públicas participativas, y las defenderán fervientemente frente a cualquier intento de recorte o supresión orquestado por la derecha. Este es sin duda uno de los mayores logros del llamado socialismo del siglo XXI: trastocar y potenciar la conciencia de cientos de miles de personas que, luego de décadas de pobreza extrema y marginación política, devinieron sujetos políticos protagonistas de su destino.

“Aquí lo más importante no es que hoy gane Chávez, sino que la gente se ha metido en la política, y la ha asumido como algo que es parte de su vida, cosa que antes con el puntofijismo no ocurría”. La frase sale de la boca de un referente barrial con muchos años de militancia, y que afirma estar comprometido a muerte con la revolución bolivariana. Este es, quizás, el mayor reaseguro para garantizar la continuidad del proceso de cambio que se evidencia en Venezuela. En efecto, tras la debacle de los partidos tradicionales de la Cuarta República (Acción Democrática y COPEI, responsables del “pacto de punto fijo”, un acuerdo espurio que les permitió desde 1958 y hasta que llegó Chávez al gobierno, alternarse en el poder como garantes del orden) estamos en presencia de una de las sociedades más politizadas de América Latina, y ello se percibe no solo caminando por las calles y dialogando con el abajo en parroquias y comunidades, sino también por el incremento de la participación ciudadana en estas elecciones  “no obligatorias”, que superó el 80% del total del padrón, uno de los más altos de toda la historia. Esta creciente politización ha permitido que se instalen como acervo cotidiano del lenguaje popular palabras como “burguesía”, “anti-imperialismo”, “poder popular” o “socialismo”. La empatía con algunos de estos significantes ha tenido que ser reconocida incluso por las encuestadoras más conservadoras. De acuerdo a una serie de estudios de opinión realizados, más del 60% de la población del país prefiere el socialismo al capitalismo. “Sí, eso es así”, nos dice la integrante de una televisora popular, aunque se encarga de aclararnos que “el nuestro es un socialismo a la Venezolana, con la idiosincrasia y las tradiciones que nos caracterizan”.

He aquí una clave para entender esta revolución anómala, “pacífica pero armada”, como gustan decir con un dejo de ironía las y los militantes de base por estas tierras. Si en los años setenta Salvador Allende definió al proyecto chileno encarnado en la Unidad Popular como un “socialismo con empanadas y vino tinto”, a éste cabe sazonarlo con arepas y guayaba. Un socialismo único e irrepetible, que al igual que otros procesos revolucionarios pasados (pensemos, por caso, en el cataclismo teórico y político que generó la experiencia cubana en el seno del marxismo más ortodoxo), tiende a romper moldes y esquemas preconcebidos. Una vez más, resulta certera la consigna de José Carlos Mariátegui de que el marxismo no es el itinerario, sino una brújula (una de las más importantes, aunque desde ya no la única). La especificidad del proceso venezolano también nos invita a escamotear su intrincado recorrido social y político al momento de concebir vías posibles de construcción del socialismo en el resto de Nuestra América profunda. Basta mencionar, a modo de ejemplo, dos rasgos distintivos del devenir histórico de Venezuela, casi imposibles de encontrar en otras latitudes del continente: por un lado, el estrecho vínculo tejido, en particular a partir de su inédita articulación el 13 de abril de 2002 en las calles y cuarteles para desbaratar el golpe de Estado, entre los sectores populares de izquierda y los militares bolivarianos de bajo y mediano rango en el ejército (algo impensable en países donde las dictaduras más sangrientas han sido una constante, como el caso de Argentina); por el otro, la particularidad de ser una sociedad rentista-petrolera que ha generado una subjetividad tan contradictoria como consumista, abonando a la dependencia mono-productiva y al paternalismo, así como a la corrupción endémica, al despilfarro de los recursos públicos y a la ineficiencia gubernamental, algo que debió ser reconocido en clave autocrítica por el propio Hugo Chávez durante su campaña.

Al igual que todo proceso transicional, éste no está exento de paradojas y ambigüedades. Una de ellas remite al desequilibrio entre el liderazgo indiscutible (ratificado sin lugar a dudas en estas elecciones) de Hugo Chávez y la edificación de instancias colectivas de toma de decisiones en materia de gestión pública. Los Consejos Comunales, creados en 2006 con el objetivo de que sean las propias comunidades y organizaciones de base quienes gestionen de manera directa las políticas públicas y los proyectos orientados a dar respuestas a las necesidades concretas de los territorios, si bien constituyen una iniciativa genuina de democratización de los ámbitos locales de poder, no han logrado aún cobrar la envergadura debida ni involucrar al grueso de los sectores populares en el ejercicio cotidiano del autogobierno. Además, en no pocas ocasiones su creación ha partido de las propias estructuras estatales clásicas, fortaleciendo aún más los lazos verticales y el delegacionismo con respecto a quienes ocupan cargos representativos. En palabras de una integrante activa de los Consejos, “lo que ha ocurrido es que ellos se han consolidado en aquellos lugares donde la organización popular y la tradición de lucha ha sido más fuerte”. Idéntica caracterización realiza una diputada del ala crítica del Partido Socialista Unido de Venezuela: “Coño, es que tú puedes crear cientos de Consejos, pero si no hay saldo organizativo y conciencia revolucionaria la cosa no sirve”, nos dice.

En efecto, otro dilema en juego en el proceso bolivariano estriba en cuáles son las instancias o herramientas organizativas desde donde incidir tanto en los ámbitos locales de ejercicio del poder popular, como en las estructuras estatales de orden nacional. La mirada acerca de las potencialidades del ejercicio de la democracia interna en el seno del PSUV -creado en 2007 por iniciativa del presidente Chávez y con más de siete millones de afiliados, la mayoría de ellos no activos a nivel cotidiano- no es del todo positiva para muchos militantes de base que, con el trascurrir de los años, han visto naufragar o bloquearse innumerables proyectos de transformación radical impulsados desde abajo, como consecuencia de la desidia, la corrupción y el conservadurismo de los aquellos que ocupan los puestos claves dentro del partido: “es que nosotros tenemos que luchar al interior de esta organización también con lo que llamamos la ‘derecha endógena’”, agrega sin medias tintas otro integrante del PSUV. Se refiere a los sectores más pragmáticos de esta organización, que en muchos casos son quienes delinean e imponen los rumbos del proceso político en curso en el país, tal como ha ocurrido días atrás, cuando se definieron las candidaturas para las próximas elecciones a gobernadores, y buena parte de la militancia se enteró de quiénes habían sido electos para estos cargos, a través de la televisión o por las tapas de los diarios. Una vez más, como suelen denunciar los sectores más críticos de este y otros partidos, “primó el dedo a la democracia protagónica”.

En función de estas y otras disyuntivas o limitaciones, la pregunta que queda flotando en el aire entonces es cómo combinar aquellos nuevos formatos de democracia de base y de organización popular (desde ya, no exentos de contradicciones) con la enorme concentración de poder que existe en las altas esferas de la Administración Pública, y en particular en la figura descollante de Hugo Chávez. Por ello, al debate en torno a la transición (o no) al socialismo, se le suma una transición casi tan importante como ésta: la que deberá realizarse cuando el actual presidente ya no ostente su cargo. Su delicado estado de salud y los no pocos personajes polémicos que, como Diosdado Cabello, rodean al líder y despuntan como sus posibles sucesores, hacen más urgente que nunca la discusión alrededor de este dilema.

Asimismo, y en sintonía con este liderazgo unívoco, otro interrogante que se presenta de cara al futuro inmediato es qué ocurrirá en los próximos comicios del 16 de diciembre, donde se deberán elegir y/o renovar gobernadores. Muchos de ellos (alineados con el proyecto bolivariano más por conveniencia coyuntural que por convicción estratégica) han sido avalados por Chávez, a pesar de lo cual no son bien vistos por el grueso del activismo de izquierda y por sectores cada vez más amplios de la población, que cuestionan tanto la gestión que llevan a cabo en sus estados, como el distanciamiento cada vez mayor con respecto a las bases. De ahí que resulte previsible conjeturar que el rotundo triunfo en las urnas del domingo siete de octubre (en 22 de los 24 estados de toda Venezuela) no se replicará necesariamente en esta ocasión, lo que puede obligar al presidente Chávez a abrir canales de negociación y a generar concesiones a la oposición a los efectos de garantizar la estabilidad de su mandato, o bien a dinamizar un proceso de relevo de cuadros y referentes que ocupen este tipo de cargos. En caso de optar por la segunda alternativa -algo esperable por cierto-, se oxigenaría con creces a la gestión pública estadual y municipal, con autoridades surgidas a partir de la voluntad popular, que permitan ir gestando las condiciones necesarias para eliminar el hiato que existe actualmente entre la dirigencia política y el pueblo, desburocratizando así las estructuras estatales, aunque sin desatender en paralelo ciertos flagelos reales -como la violencia social, la constante inflación que desvaloriza los salarios y la corrupción- sobre los que se monta la oposición para validar su discurso y erosionar el consenso del proceso bolivariano en marcha.

Un dato no menor en este sentido es el aumento del caudal de votos obtenido en estas últimas elecciones por parte de la oposición, que llegó a arañar los seis millones y medio del total de quienes asistieron a las urnas (44%, contra el 55% conseguido por Chávez). Estos simples guarismos no deberían leerse solamente como un “corrimiento a la derecha” de cientos de miles de personas. Entre otros factores, uno no menor que incide es el natural desgaste y la parcial decepción de muchos venezolanos frente a una coalición política que ya lleva 14 años en el poder, y que aún no ha logrado resolver del todo problemas acuciantes de la sociedad, como la pobreza y el desempleo. Si bien en ambos casos han bajado notablemente desde que Chávez asumió la presidencia en 1998, reduciéndose a menos de la mitad en la actualidad, aún persisten como flagelos a desterrar (un 27% de pobreza y algo más del 7% de desocupación). Lo mismo podría afirmarse con respecto a la corrupción y el burocratismo, que continúan contaminando sin respiro tanto a las viejas como a las nuevas estructuras estatales.

Este descontento se evidenció en la masiva concurrencia que tuvo la interna abierta donde resultó electo como candidato de la derecha Capriles. En esta ocasión, el bloque encabezado por Chávez erró el pronóstico al asegurar que el evento no iba a convocar siquiera a un millón de personas, cuando en realidad fueron más de tres millones quienes terminaron participando en él. En una sociedad donde la burguesía estrictamente hablando constituye una ínfima minoría, no cabe pensar que ese número de personas lo componen solo oligarcas y reaccionarios irrecuperables (menos aún si ampliamos la base social de apoyo a los seis millones y medio de votantes que optaron por el candidato opositor). Como supo expresar un compañero con cruda sinceridad, en medio de los festejos en los alrededores del Palacio de Miraflores: “Mira pana, el problema mayor aquí no es la burguesía, que es bien pequeña, sino la inmensa cantidad de gente que no apoya ni quiere aún el socialismo. Cómo cuadramos para que sean parte del proyecto bolivariano es uno de los desafíos mayores que tendremos que resolver a partir del ocho de octubre”.

Otro de los retos del proceso en curso en Venezuela estriba en la fragilidad sobre la que se sostiene: la ratificación o no del proyecto de transformación en cada acto eleccionario. El haber optado por una “revolución democrática” actualiza el viejo debate en torno a la vía violenta o pacífica de transición al socialismo, y convierte a ciertas instancias como la que remite a la disputa electoral, que tradicionalmente se concebía como algo meramente “táctico”, en un momento de confrontación estratégica. Esta inédita experiencia, al igual que la vivida en Chile durante el gobierno de la Unidad Popular, nos obliga a repensar el vínculo complejo y dialéctico entre reforma y revolución, teniendo como un ámbito central de la lucha de clases a las propias instituciones estatales. Así, si en los años sesenta y setenta en América Latina (e incluso durante los ochenta, en el caso de Centroamérica) se impuso como modelo casi unívoco y pre-requisito para iniciar la transición al socialismo la revolución entendida como asalto armado al poder, hoy en día no cabe pensar en una matriz común ni, menos aún, en la dinámica insurreccional clásica como condición sine qua non para dar comienzo al proceso transicional. De igual modo, podemos establecer otro rasgo distintivo del momento histórico que se vive actualmente en ciertas realidades de nuestro continente. Si en los años sesenta y setenta para realizar reformas estructurales era necesario hacer la revolución, hoy en día pareciera ocurrir un proceso inverso: para realizar la revolución se torna ineludible impulsar reformas de estructura que permitan ir transformando, ya desde ahora, las condiciones de existencia de las clases subalternas. No obstante, este tipo de conquistas parciales (plasmadas en políticas públicas participativas, como es el caso de las Misiones) deben estar orgánicamente vinculadas por el horizonte estratégico de trastocamiento y superación integral de la sociedad burguesa. De lo contrario, serán subsumidas en la lógica integracionista propia del sistema capitalista.

En función de esta experiencia abierta en Venezuela, es preciso trascender la rudimentaria concepción del Estado como bloque monolítico e instrumento al servicio de las clases dominantes, y avanzar hacia una caracterización más compleja tanto de lo estatal como de la praxis política misma, aunque sin negar su carácter de clase. Por lo tanto, contradicción y asimetría constituyen dos elementos centrales de las configuraciones estatales en América Latina, que evitan caer tanto en una definición del Estado en tanto que “fortaleza enemiga a asaltar”, como en una de matriz populista que lo concibe como una instancia totalmente virgen y a colonizar. En este sentido, la estrategia gramsciana de “guerra de posiciones” aparece como una sugestiva metáfora para denominar a gran parte de las nuevas formas de intervención política que han germinado en los últimos años en la región, logrando distanciarse de los formatos propios del “vanguardismo” elitista y de la vieja estrategia de “asalto” abrupto al poder. A partir de ella, la revolución pasa a ser entendida como un prolongado proceso de constitución de sujetos políticos, que si bien parten de una disputa multifacética en el seno de la sociedad civil, no desestiman las posibilidades de incidencia y participación en ciertas áreas del Estado -aunque más no sea desde una perspectiva “antagonista” que introduce “elementos de la nueva sociedad” en el ordenamiento jurídico e institucional- en pos de transformar sustancialmente sus estructuras simbólico-materiales y avanzar así hacia una democratización sustantiva no solamente del Estado, sino del conjunto de la vida social.

No obstante, al momento de sopesar los avances y logros del proceso transicional vivido en Venezuela, existe por cierto una evidente “inflación ideológica” por parte de algunos núcleos del bolivarianismo, que se sostienen más en la retórica y el consignismo que en el análisis fidedigno y crítico de la realidad. La infinidad de carteles y marquesinas que publicitan productos “hechos en socialismo” en plazas, subtes y calles, no se condice con el porcentaje o peso real que este tipo de empresas de propiedad social y/o estatal tienen en el conjunto de la economía del país. De acuerdo con cifras del propio Banco Central de Venezuela, el Producto Bruto Interno privado representa actualmente cerca del 70% del total de la economía. Este es uno de los límites más evidentes de la ruptura cabal con respecto a la estructura capitalista tradicional, que a pesar de las para nada desdeñables expropiaciones y nacionalizaciones concretadas por el gobierno en la última década (en particular ciertos sectores estratégicos, tales como el de la electricidad, la siderurgia, la telefonía, las plantas cementeras y algunas cadenas de distribución de alimentos), no ha logrado aún revertir el predominio del capital como relación social de producción y consumo hegemónica en la sociedad venezolana. Sumado a esto, otro eje problemático que genera tensiones y desencuentros es la propuesta del control obrero de la producción. Hasta ahora, existe una única experiencia piloto de envergadura impulsada por el gobierno: el Plan Guayana Socialista. En esta región industrial se ha intentado fomentar el control obrero y la autogestión popular en la creación de un nuevo modelo productivo. El entusiasmo y la combatividad de las y los trabajadores ha debido enfrentarse en no pocas ocasiones con sectores políticos que, a pesar de autodenominarse “bolivarianos”, bloquean todo tipo de ejercicio de la democracia de base en las empresas, a lo cual se suma la resistencia de las cúpulas sindicales que ven peligrar sus privilegios como casta burocrática.

 

Si bien la nacionalización del petróleo con posterioridad al boicot escuálido de finales de 2002 y principios de 2003 le permitió al gobierno redistribuir esta abundante renta y asignar cuantiosos fondos para proyectos y sectores sociales hasta ese entonces postergados (fundamentalmente a través de las Misiones), queda el interrogante de cómo avanzar hacia una matriz económica que apunte a la diversificación productiva y garantice la soberanía alimentaria, haciendo real el tan mentado “desarrollo endógeno” que se viene pregonando desde hace años, dotando así de mayor protagonismo en este proceso a los consejos de trabajadores y trabajadoras. Resulta clave entender que un proceso de transición al socialismo que tiene entre sus metas más prioritarias el mejorar las condiciones de vida simbólico-materiales de las clases subalternas, no puede depender de los vaivenes del precio internacional de los hidrocarburos para la consecución de este objetivo (recordemos que alrededor del 90% de las exportaciones de Venezuela se restringen al petróleo y sus derivados como único producto). Tampoco es un dato menor el hecho de que casi el 70% de los alimentos que se consumen en el país sean aún hoy importados.

Para revertir esta tendencia, el gobierno ha impulsado -bajo la consigna “sembrar petróleo”- la Misión Agrovenezuela, que incluye políticas públicas para la inversión en sectores estratégicos del campo, con el propósito de apuntar a la gestación de un modelo agrícola socialista que priorice a las cooperativas, los Consejos Comunales, los pequeños productores y las llamadas empresas de propiedad social comunitaria, y resulte compatible con el cuidado del ambiente. A modo de complemento, Programas como el “Todas las Manos a La Siembra” buscan fomentar la producción de alimentos nutritivos y con la utilización de abonos orgánicos en las 24.000 escuelas y liceos ubicados tanto en ciudades como en comunidades rurales de todo el país. El nuevo Plan Nacional Socialista Simón Bolívar 2013-2019, difundido en el marco de las recientes elecciones, también reconoce y refuerza esta necesidad de transformar y orientar la economía desde una óptica pos-rentista y anticapitalista. No obstante, al igual que en otras ocasiones, el peligro latente es que la propuesta caiga en saco roto y no se concrete en la realidad, como ha ocurrido con varios proyectos e iniciativas de ley que terminaron siendo letra muerta que dormita en los cajones de los Ministerios.

En suma, que se esté avanzando o no hacia el socialismo en Venezuela, no es algo que pueda responderse a priori y desde la mera relectura o “aplicación” de ciertos conceptos o estrategias revolucionarias formuladas por los clásicos de marxismo en otra realidad y tiempo histórico, sino en función de un diálogo fraterno y desprejuiciado con el complejo proyecto político bolivariano que, cual laboratorio de experimentación, se encuentra en permanente transformación y cambio, con indudables avances pero también con peligros y ambigüedades asediándolo en forma constante. Al fin y al cabo, como supo expresar Lelio Basso, toda revolución “se topa en su curso con contradicciones que están ligadas a las contradicciones de la propia sociedad de la cual brota: en la capacidad de resolver esos problemas, de superar estas contradicciones, allí reside la grandeza de los dirigentes, la madurez de un movimiento obrero; por lo que podemos concluir diciendo que no existen soluciones que puedan ser consideradas válidas sobre el papel: la revolución es un movimiento, y el problema del movimiento, como el sofisma de Zenón, se resuelve caminando”. El desenlace de este intrincado proceso, dependerá sin duda de la solidaridad activa de todos los pueblos del continente, pero sobre todo de que las masas cobren cada vez mayor centralidad en la profundización del poder popular y la edificación del socialismo en la hermana República Bolivariana de Venezuela. Un socialismo que -tal como nos enseñó dos siglos atrás el maestro Simón Rodríguez- sí o sí deberá ser reinventado a lo largo y ancho de Nuestra América. Caso contrario, volveremos a errar indefectiblemente.

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octubre 18, 2012 · 6:57 pm

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